El
procurador general de la República, Jean Rodríguez, consideró que la
sentencia que anuló más de 1,200 títulos de propiedad de terrenos en
Bahía de las Águilas “es un gran logro para el país, para el desarrollo
del turismo” y representa mayores oportunidades de trabajo para todos
los dominicanos.
Las
declaraciones del procurador son a propósito de que el pasado
miércoles, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó la
sentencia del Tribunal Superior de Tierras que declaró nulos los títulos
de propiedad sobre la parcela 215-A, del Distrito Catastral No. 3, del
municipio de Enriquillo, y rechazó 25 recursos de casación interpuestos
por varios de los adquirentes.
“Esta
decisión mediante la cual se ratifica la anulación de los títulos de
propiedad obtenidos de manera fraudulenta en Bahía de las Águilas,
resulta un gran paso de avance en los esfuerzos que estamos realizando
para recuperar ese patrimonio público que por décadas estuvo en manos de
personas que se apropiaron de esos terrenos de forma ilegal”, dijo el
jefe del Ministerio Público.
Declaró
que la sentencia tendrá un impacto muy positivo en la economía de la
nación, tras señalar que ese fraude inmobiliario ha impedido que se
desarrolle el turismo en la zona y que se generen importantes fuentes de
trabajo y de ingresos económicos tanto para residentes en la zona como
para el Estado.
Rodríguez
aseguró que seguirán trabajando y haciendo todos los esfuerzos que se
requieran para que esos terrenos sean devueltos en su totalidad al
Estado dominicano, tras manifestar que es su legítimo propietario.
Además
dijo que la recuperación de esos terrenos que estaban en poder de
particulares de manera fraudulenta, favorecen grandemente el desarrollo
del país, sobre todo, de la región sur, ya que los mismos forman parte
del plan gubernamental de desarrollo turístico de la zona sur.
La
Procuraduría General de la República recordó que en el año 2014
lograron que la Octava Sala del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción
Original del Distrito Nacional anulara todos los títulos fraudulentos
emitidos a particulares dentro de la referida parcela 215-A, la cual fue
ratificada en el año 2016 por el Tribunal Superior de Tierras.(Diario
Libre)
