La sociedad dominicana reaccionó, de manera unánime o mayoritariamente alarmada, tras el asesinato de la joven Anneris Peña a manos de un delincuente que no se sintió conforme con robar en la joyería donde laboraba la mujer, sino que prefirió quitarle la vida para evitar que ella lo identificara.
Ese temor a ser identificado ante las autoridades obedeció a que no era la primera vez que el delincuente visitaba la joyería, pues lo había hecho en ocasiones anteriores cuando acudía a vender prendas que no hay que ser adivino para saber que eran robadas.
Y es aquí donde entra la complicidad colectiva con el delito. Esta sociedad, quizá sin proponérselo, se ha ido enredando en la indiferencia frente a hechos que todos sabemos forman parte del rosario delictivo en que una parte de ella viene incurriendo.
El hecho de que el delincuente en cuestión acudiera frecuentemente a la joyería se debió a que ese negocio le compraba las prendas, lo que, al final, se traducía en un incentivo para que siguiera robando, confiado en que tenía un mercado asegurado.
Es exactamente lo que ocurre con compraventas, distribuidores de piezas y partes para vehículos de motor y negocios dedicados a la fundición de materiales sólidos.
Las compraventas adquieren o “empeñan” equipos del hogar que les son llevados por personas que a leguas se sabe no son sus propietarios, lo que convierte a esos negocios en cómplices de una actividad delictiva creciente en nuestro país.
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