Los datos surgieron durante el conocimiento de la medida de coerción al imputado Ricardo Beltré Beltré, quien conforme a sus abogados, dos de esas armas corresponden al general Pedro José Almánzar Martínez y diez fueron enviadas por el Ayuntamiento de La Vega para darle mantenimiento en un taller de la capital.
En la audiencia, el general explicó al tribunal que él trabajó durante un tiempo como jefe de seguridad de la Policía Municipal del La Vega y que el actual jefe de esa entidad le pidió que si podían mandar a reparar esas armas a la Capital, porque es más barato que allá.
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