El máximo tribunal levantó una orden judicial a nivel nacional impuesta por un juez de distrito en Nueva York, lo que significa que la Administración Trump puede comenzar a aplicar los nuevos estándares, que según los activistas supondría una carga para los inmigrantes pobres.
La regla de “carga pública” establece nuevos criterios para determinar quién puede ser considerado dependiente del gobierno de los Estados Unidos y, por lo tanto, inviable a obtener la Residencia Permanente y otras visas.
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