Los aspirantes a cargos electivos deberán medir sus palabras y los mensajes que difundan a través de las redes sociales, ya que si incurren en el delito de la difamación e injuria pueden ser sancionados con penas que van desde los tres meses hasta un año de prisión y multas de 500 salarios mínimos.
La disposición contenida en la Ley 33-18, sobre Agrupaciones, Movimientos y Partido Políticos, y en el reglamento para su aplicación y la celebración de primarias, es muy clara en establecer la prohibición de la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los postulantes.
Las sanciones, según la legislación, se aplicarían conforme a los artículos 21 (difamación) y 22 (injuria pública) de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
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