Los
anuncios de redadas por parte de la Administración de Donald Trump
contra inmigrantes sin papeles que tienen una orden de deportación han
sembrado la inquietud entre los extranjeros en Estados Unidos. Está previsto que la operación comience este domingo
en nueve de las principales ciudades, como Nueva York, Los Ángeles,
Baltimore, Chicago o Houston, con el fin de arrestar a unos 2.000
indocumentados. Se trata de una parte ínfima de los más de 10 millones
de indocumentados que viven en el país norteamericano, pero el aviso
previo, insólito, ha servido para promocionar la imagen de mano dura del
republicano.
Es
algo que no hacía falta: las imágenes de inmigrantes hacinados en los
centros de detención de la frontera, que el vicepresidente, Mike Pence, visitó este viernes, hablaban a gritos.
“No
abra la puerta, que nadie de la casa hable, sepa que los agentes no
tienen derecho a entrar”. Los consejos sobre cómo reaccionar si la
policía migratoria (ICE, en sus siglas en inglés) empezaron a correr por
las redes sociales, también de la mano de ONG y abogados. Las
operaciones coordinadas entre varias ciudades y durante varios días no
son algo excepcional: lo inaudito es que el propio Ejecutivo se encargue de advertirlo con días de antelación.
Tampoco
la cifra estimada de extranjeros a los que se busca supone más que una
parte mínima del más de un millón que tiene la orden de deportación pero
se ha quedado. Y no está claro el éxito de la medida, con tanto anuncio
previo. Pero si lo que querían era sembrar miedo, ya lo han conseguido.
Las
redadas se esperan en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los
Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco, mientras que han sido
suspendidas en Nueva Orleans por la llegada del huracán Barry. La mayoría de ellas son ciudades santuario —en
ellas, la policía local no colabora en controles migratorios ni
pregunta por su situación— y algunos Ayuntamientos ya han prometido, de
hecho, ayudar para que las detenciones no tengan éxito.
“Que
sepan que estamos aquí para ayudarles”, garantizó en la víspera la
fiscal general del Estado Nueva York, Letitia James. Su oficina pone a
disposición de los afectados un número de teléfono en el que les ofrece
asistencia legal. La ciudad de Nueva York, por su parte, emitió unas
líneas directrices a las distintas agencias para que no cooperen con los
agentes de ICE en la operación. El alcalde de Nueva York Bill de Blasio
insistió en que su ciudad es un santuario y está firmemente
comprometida en preservar la identidad de todos los ciudadanos,
independientemente de la condición en la que se encuentren en el país.
El miedo a las detenciones también creó psicosis. La New Sanctuary Coalition
informó de que ya se produjeron dos intentos de arrestos en los barrios
de Harlem y Sunset Park este sábado y Blasio lo confirmó en su cuenta
de Twitter. Sin embargo, fuentes de algunas entidades llamaron a la
prudencia, porque algunos dispositivos del ICE pueden no tener que ver
con la operación anunciada.
“Llegó
el momento de parar las deportaciones, de acabar con la detención
ilegal de familias”, pide desde la organización Judy Sánchez. “Llegó el
momento de unir fuerzas y demandar al Gobierno que deje de aterrorizar a
las personas que buscan asilo”. Linda Rosenthal, que participó en una
vigilia frente a los tribunales de inmigración en el bajo Manhattan,
insiste en que “solicitar asilo no es un crimen. ICE no puede actuar
como una fuerza paramilitar”. Heylts Murad insiste desde la New York Immigration Coalition que se va a “hacer lo posible para defender la dignidad y la libertad de todos los inmigrantes y solicitantes de asilo”.
La
operación se produce en un momento de tensión creciente por la
situación de los migrantes en los centros de detención, abarrotados ante
la ola de llegada de familias de Centroamérica que huyen de la miseria y
de la pobreza. Un informe oficial ya advirtió de la “bomba de relojería” en la que se encontraban estas instalaciones,
por el hacinamiento y el largo periodo de tiempo en el que permanecen
detenidos. El viernes, en el ubicado en McAllen (Texas), Mike Pence y
los periodistas que le acompañaban pudieron ver a cerca de 400 hombres
hacinados, sin camas ni colchones, retenidos tras una valla con la
apariencia de estar enjaulados.
"El
presidente Trump quería que las cámaras estuvieran aquí para que
ustedes pudieran ver de primera mano cómo estaban siendo tratadas las
familias", dijo Pence, Lejos que querer tapar las imágenes, el Ejecutivo
quiso mostrarlas. Para la oposición demócrata, son la evidencia del
trato inhumano a los sin papeles; para el mandatario republicano, la
prueba de que la situación es crítica y los demócratas deben aceptar una
legislación que endurezca aún más los controles y refuerce la
financiación en la frontera. (El País)
