El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, y el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini no están de acuerdo, mientras el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún, y el abogado penalista, Cándido Simón, lo favorecen.
Castaños Guzmán considera que no sería conveniente, porque lo importante es que el Estado fortalezca las instituciones que deben darle respuesta al problema y un buen diseño de políticas públicas, con una visión global de la problemática.
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